EL DEBATE QUE VIENE: ¿DEBEMOS SEGUIR EN EL CIADI?

Mario Rapoport  y Leandro Morgenfeld (profesores e investigadores de la UBA y el Conicet) nos dicen hoy acerca de un tema que ganará centralidad (inevitablemente) en la discusión política de los próximos días:

"El Ciadi: Surgido como tribunal arbitral para dirimir controversias entre los inversores extranjeros y los Estados adheridos representa un caso de renuncia a la soberanía nacional. A través de él, bancos, multinacionales y operadores financieros tratan de proteger sus intereses en países periféricos.

En los años ’50 surgió una idea en las economías centrales: crear una institución para amparar a sus empresas en casos como la expropiación de compañías petroleras en Irán, la nacionalización del canal de Suez, el intento de reforma agraria que afectó a la United Fruit Company en Guatemala (tras lo cual se derrocó al presidente Jacobo Arbenz). Esa institución fue fundada finalmente en 1965 como una dependencia del Banco Mundial. Argentina adhirió a él en 1994, en plena furia privatista. Tras la salida de la convertibilidad sufrió el record mundial de demandas en este organismo (por 17.000 millones de dólares), que por supuesto falló en favor de las empresas trasnacionales. A pesar de que las dos compañías que actualmente litigan contra la Argentina incumplieron sus contratos, dejando a miles de familias sin servicios básicos esenciales, logran a través de este tipo de “tribunales” indemnizaciones multitudinarias.

Es hora de abandonar la idea de que la función de gobiernos de países como el nuestro es dar garantías a las empresas trasnacionales y a los fondos de inversión. Para tomar medidas soberanas, como la anulación de contratos cuando se incumplen las cláusulas, es necesario salir del Ciadi. Venezuela, Ecuador y Bolivia ya lo hicieron. Y Brasil, un país que nunca dejó de recibir inversiones, jamás adhirió a este organismo. Más que cargar las tintas sobre los incumplimientos argentinos de fallos aberrantes, es necesario debatir en el ámbito de la Unasur y la Celac retirarse en forma conjunta de este “tribunal” creado en exclusivo beneficio del gran capital de las potencias centrales, y contra las atribuciones soberanas de los Estados de los países periféricos"

Suscribo integralmente este análisis al que sólo le falta un agregado de mayor actualidad: NACIONALIZAR YPF Y LA PERMANENCIA EN EL CIADI SON INCOMPATIBLES. ¿Se entiende?

Como siempre, a la hora de tomar este tipo de decisiones, encontramos argumentos técnicos y políticos. Entre los técnicos: lo complicado de retirarse de un organismo internacional donde se tienen compromisos asumidos y demandas en trámite (la famosa "seguridad jurídica").

Sin embargo, los procesos sustanciados en el CIADI no cumplen con las mínimas garantías previstas en nuestra Constitución Nacional: "las demandas solamente pueden ser planteadas por empresas contra Estados y no al revés. No hay una instancia superior, en consecuencia, las decisiones del Ciadi son inapelables e irrevisables”, señaló en 2007 el economista belga Alan Goods, motivado por la denuncia del Ciadi que hicieron tres Estados de la Alianza Bolivariana de las Américas, Alba. Según datos del sitio especializado en deuda externa con sede en Bruselas cadtm.org, de las 252 sentencias emitidas hasta 2009, un total de 250 las perdieron los Estados.

Todo ello nos lleva a pensar que nada impide tomar decisiones que caen en la órbita de la voluntad política. Así, vemos como el Congreso de Ecuador tomó la determinación de abandonar el CIADI en junio de 2009 a instancia de un pedido del mandatario Rafael Correa. Ecuador había ingresado al CIADI en el año 2001. En menos de 30 minutos, el pleno del Congreso ecuatoriano votó una moción que recogió la carta enviada por el mandatario la semana anterior, en la cual solicitaba dejar sin efecto la suscripción del documento, porque a su criterio viola el artículo 422 de la Constitución. La petición fue aprobada con 50 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. 

Dos años antes que Ecuador (precisamente el 3 de noviembre del 2007),  el gobierno de Bolivia tomó la determinación de abandonar el CIADI. Además, el Congreso destacó oportunamente que "la injerencia del CIADI contradice la Constitución Política del Estado de Bolivia (artículo 135) y el Tribunal Constitucional ya lo declaró incompetente."

Y a comienzos de 2012 Venezuela se sumó a la decisión de Ecuador y Bolivia, renunciando al CIADI por considerar que el organismo del Banco Mundial protege los derechos de las multinacionales en detrimento de los Estados.

Si ayer nomás dejamos el F.M.I, ¿por qué no podría ser este el año de renunciar al CIADI?